Para 1999 había 29 mil reclusos y en la actualidad hay 27 mil. Según Humberto Prado, 75% de los internos espera por juicio y condena.
No es extraño escuchar, a cualquier persona, acusar al Código Orgánico Procesal Penal “de conceder, de manera injusta” la libertad a un delincuente. Los beneficios procesales son uno de los principios más criticados por la colectividad, llevando a juicio a la norma que significó la salida del oscurantismo inquisitorio.
Expertos en diversas áreas del estudio penal salen en defensa del código implementado en el año 1999, al señalar que este texto no puede ser satanizado cuando los únicos responsables de su “mal implementación son los operadores de justicia”, quienes han caído en excesos y en hechos de corrupción.
Así lo afirman un penitenciarista, un abogado privado y un fiscal del Ministerio Público, quienes consideran que sería inaceptable dar un salto atrás. “Ningún Estado democrático puede aceptar la persecución penal tal como estaba establecida en el sistema inquisitorio, en el que el investigado ni siquiera conocía el rostro de su investigador”.
Para el responsable de la carga penal antes de esta implementación se vivía en el “oscurantismo judicial”; por ello, celebra la creación del Copp y los grandes avances que se han producido en el país durante los últimos 10 años.
Reconoce: “La interpretación de muchos operadores de justicia no ha sido cónsona con el texto. El celo por el garantismo ha llevado en ocasiones a la impunidad, ya que algunos jueces al confrontar el derecho del particular perseguido por la justicia frente al derecho del ciudadano se inclina por el imputado”.
Hecho calificado de “erróneo”, y que ha provocado reacciones de la Sala Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En este sentido, el abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez señaló que en los primeros años de la implementación del código lamentablemente se cayó en este vicio, por parte de algunos jueces del país; situación que se ha revertido en los últimos años al observar los índices de inseguridad, lo que ha generado otro vicio.
Al parecer de Gutiérrez, los propios operadores del código han violentado su espíritu, “al aplicarse teorías distintas a la ideología que motivó la creación del Copp”. Afirmó que los legisladores han pretendido solucionar una situación, “trayendo represión judicial”.
“La lucha contra el delito es una actividad sistemática, organizada, progresiva, no del derecho penal, depende de una política criminal, los niveles de criminalidad no se reducen con una reforma legislativa, con la reducción de las libertades civiles, éso no constituye una lucha efectiva contra la delincuencia”.
De acuerdo con el abogado, las distintas reformas que ha planteado el legislador en torno del Código implementado el 1 de julio de 1999 están orientadas a reprimir la médula espinal del texto original. “Si lees la exposición de motivo de la última reforma del Copp, señala que los valores garantistas originarios generan impunidad”.
En este sentido, afirmó que “las cárceles llenas de presos sin imputar no son la solución”, observación que fue ratificada por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien explicó que la situación carcelaria actual se asemeja en gran manera a la del 99.
Para ese año habían 29 mil reclusos y en la actualidad hay 27 mil personas internadas en los penales.
“A pesar que uno de los principios del Copp era la celeridad procesal, el gran problema es que los operadores de justicia le tienen miedo a las medidas cautelares, ellos son los que tienen el desastre en las cárceles, del 100% de los presos, el 75% no ha sido condenado”, aseguró.
Esta situación ha generado “cantidades de manifestaciones en las cárceles provocadas por las distintas reformas que le han hecho al texto legal, pidiendo que le devuelvan su código como estaba planteado”. En 10 años el OVP ha introducido cinco recursos ante el TSJ por vicios de inconstitucionalidad a los artículos reformados por la AN.
Ante los casos de reiterados casos de reos con beneficios que son reincidentes, Prado aseguró: “Existe un grave problema de corrupción que existe en el sistema penal, que no puede ser imputable al código, sino al operador de justicia”.
No es extraño escuchar, a cualquier persona, acusar al Código Orgánico Procesal Penal “de conceder, de manera injusta” la libertad a un delincuente. Los beneficios procesales son uno de los principios más criticados por la colectividad, llevando a juicio a la norma que significó la salida del oscurantismo inquisitorio.
Expertos en diversas áreas del estudio penal salen en defensa del código implementado en el año 1999, al señalar que este texto no puede ser satanizado cuando los únicos responsables de su “mal implementación son los operadores de justicia”, quienes han caído en excesos y en hechos de corrupción.
Así lo afirman un penitenciarista, un abogado privado y un fiscal del Ministerio Público, quienes consideran que sería inaceptable dar un salto atrás. “Ningún Estado democrático puede aceptar la persecución penal tal como estaba establecida en el sistema inquisitorio, en el que el investigado ni siquiera conocía el rostro de su investigador”.
Para el responsable de la carga penal antes de esta implementación se vivía en el “oscurantismo judicial”; por ello, celebra la creación del Copp y los grandes avances que se han producido en el país durante los últimos 10 años.
Reconoce: “La interpretación de muchos operadores de justicia no ha sido cónsona con el texto. El celo por el garantismo ha llevado en ocasiones a la impunidad, ya que algunos jueces al confrontar el derecho del particular perseguido por la justicia frente al derecho del ciudadano se inclina por el imputado”.
Hecho calificado de “erróneo”, y que ha provocado reacciones de la Sala Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En este sentido, el abogado penalista Juan Carlos Gutiérrez señaló que en los primeros años de la implementación del código lamentablemente se cayó en este vicio, por parte de algunos jueces del país; situación que se ha revertido en los últimos años al observar los índices de inseguridad, lo que ha generado otro vicio.
Al parecer de Gutiérrez, los propios operadores del código han violentado su espíritu, “al aplicarse teorías distintas a la ideología que motivó la creación del Copp”. Afirmó que los legisladores han pretendido solucionar una situación, “trayendo represión judicial”.
“La lucha contra el delito es una actividad sistemática, organizada, progresiva, no del derecho penal, depende de una política criminal, los niveles de criminalidad no se reducen con una reforma legislativa, con la reducción de las libertades civiles, éso no constituye una lucha efectiva contra la delincuencia”.
De acuerdo con el abogado, las distintas reformas que ha planteado el legislador en torno del Código implementado el 1 de julio de 1999 están orientadas a reprimir la médula espinal del texto original. “Si lees la exposición de motivo de la última reforma del Copp, señala que los valores garantistas originarios generan impunidad”.
En este sentido, afirmó que “las cárceles llenas de presos sin imputar no son la solución”, observación que fue ratificada por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien explicó que la situación carcelaria actual se asemeja en gran manera a la del 99.
Para ese año habían 29 mil reclusos y en la actualidad hay 27 mil personas internadas en los penales.
“A pesar que uno de los principios del Copp era la celeridad procesal, el gran problema es que los operadores de justicia le tienen miedo a las medidas cautelares, ellos son los que tienen el desastre en las cárceles, del 100% de los presos, el 75% no ha sido condenado”, aseguró.
Esta situación ha generado “cantidades de manifestaciones en las cárceles provocadas por las distintas reformas que le han hecho al texto legal, pidiendo que le devuelvan su código como estaba planteado”. En 10 años el OVP ha introducido cinco recursos ante el TSJ por vicios de inconstitucionalidad a los artículos reformados por la AN.
Ante los casos de reiterados casos de reos con beneficios que son reincidentes, Prado aseguró: “Existe un grave problema de corrupción que existe en el sistema penal, que no puede ser imputable al código, sino al operador de justicia”.
Actualizado el 19 de julio de 2009
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