domingo, 21 de junio de 2009

Siete reclusos heridos en el retén El Marite

Maracaibo, junio 20 (Panorama).- Un intento fallido por despojarle el poder al jefe del pabellón C, del Centro de Arrestos Preventivos El Marite, siete reclusos resultaron heridos, a la 1:30 de la tarde del pasado viernes.
La disputa colectiva se registró en los pasillos del ala C, luego que, supuestamente, tres reos pretendían tumbarle el control del área a "Los del Carro", como se les conoce en el argot penitenciario al jefe y los escoltas de cada pabellón.
Fuentes de la Policía Regional (PR) sólo identificaron a cuatro de los heridos, quienes fueron remitidos a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM).
Elvis Román, de 25 años, presentó múltiples heridas por arma blanca y Erwin Alonso Rodríguez tenía una herida de bala en el abdomen. Ambos permanecían en el pabellón y su estado de salud era crítico.
José Miguel Loaiza, de 24, también presentó una herida abierta en la cabeza y varias contusiones. Fue atendido en la emergencia, le dieron de alta y a los pocos minutos lo regresaron al retén. Un cuarto lesionado, de nombre Oswaldo Uzcátegui, de 28 años, presentó traumatismo generalizado y fue atendido en la enfermería del centro de arrestos preventivos.
Los familiares de los reos heridos se mostraron herméticos ante la prensa y no quisieron ofrecer detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, residentes de las adyacencias del retén aseguraron que el incidente se registró en el momento que los familiares entregaban la comida a la policía para sus seres queridos.
"Todo fue muy rápido, ni siquiera se escucharon las detonaciones ni el alboroto de los presos. Sólo vimos que la PR evacuó a algunos familiares que estaban en la puerta entregando la comida", dijo un vecino.
Diario Notitarde

viernes, 19 de junio de 2009

Humberto Prado: En Venezuela se ha perdido el respeto por los internos

nuevaprensa
por Cruz Cedeño - Foto: Alberto San Martín/Bladimir Martínezviernes,
19 de junio de 2009

A juicio del defensor de los derechos humanos, en los últimos 10 años han fallecido 3.664 internos en la cárceles venezolanas, lo cual permite inferir que anualmente en los centros penitenciarios del país mueren 366 reclusos, cifra que supera a países con mayor población penal “La población reclusa venezolana se encuentra por el orden de los 23 mil internos, de los cuales sólo el 35% ya tiene sentencia definitivamente firme, lo que quiere decir que en el proceso penal se ha vulnerado el debido proceso”; así lo informó el coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Para el defensor de los derechos humanos, esta situación responde a los constantes atrasos que se dan desde el mismo momento de la presentación del imputado ante los Tribunales de Control, elemento que se extiende a la audiencia preliminar y la etapa de juicio, a través de los diferimientos y otros retardos procesales imputables sólo a los administradores de justicia.Aunado a estos elementos Prado denunció que desde el seno de la Asamblea Nacional se ha modificado el Código Orgánico Procesal Penal en cuatro oportunidades, sin que hasta ahora estas modificaciones repercutan de manera progresiva en los derechos humanos de los internos venezolanos. Retorno al pasado “Nuestra Constitución contempla que todos somos iguales ante la ley, que no puede existir la discriminación, estableciendo para ello el derecho de progresividad; sin embargo, nuestros legisladores han hecho lo contrario con el COPP, puesto que los cambios impulsados son completamente retrógrados, no es posible que cuando se reformuló el artículo 254, que establecía que la persona no podía durar más de dos años detenida para que se le dicte medida cautelar y el juicio se haga en libertad, en la reciente reforma fue modificado otorgándole la libertad al Ministerio Público para que la persona siga privada de su libertad, mientras se investiga y se buscan elementos que permitan la culminación de los actos conclusivos”, precisó. Para el defensor de los derechos humanos de los internos este tipo de acciones vulneran el debido proceso, retornando el actual sistema de justicia al viejo esquema del Código de Enjuiciamiento Criminal.“Antes de entrar en vigencia el COPP la población penal venezolana se ubicaba en 28 internos, cifra que descendió a sólo 12 mil internos tras su aplicación; sin embargo el número de reclusos en las cárceles venezolanas se ha incrementado de manera sustancial en los últimos 10 años, llegando a contar en la actualidad con más de 23 mil internos”, aseguró.A juicio de Prado, este tipo de acciones evidencian el atraso que se viene registrando en el sistema de justicia venezolano, elemento que sólo es imputable a los operadores de justicia. Sin beneficios Para el defensor de los derechos humanos el descaro de algunos operadores de justicia llega al punto de afirmar que el interno se esconde para no asistir al tribunal, situación que no se corresponde a la realidad ya que cuando un juez envía una boleta de traslado de un interno, ésta le llega directamente al director del penal, el cual es el encargado de hacer cumplir esta disposición. “Cuando una persona está presa queda en manos de la justicia, la cual debe ser garante de su derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al deporte, a la recreación, entre otros, que le permitan tras el fin de la pena la reinserción en la sociedad, elementos que no se cumplen en el país”, acotó. En las cárceles venezolanas no existe la clasificación de los internos por delitos, allí prevalece la clasificación parroquial de los internos, elementos que no facilitan la reinserción de los internos y fortalece la conformación de grupos en las cárceles.“En las cárceles venezolanas no existen equipos multidisciplinarios que permitan realizar evaluaciones periódicas a los internos con el fin de establecer su progresividad y evolución para su reinserción” afirmó. Cifras rojas El coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, señaló que en el año 2006 perecieron 412 internos en las cárceles venezolanas, cifra que se incrementó en el año 2007 a 498 reos y en el año 2008 en 422 internos. “Estas cifras de internos muertos no se ven ni en la región andina, ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en México, ni Brasil, cuya población penal en algunos casos triplica la venezolana”, puntualizó.A juicio de Prado, la única diferencia que existe entre estos regímenes penitenciarios y el sistema de cárceles venezolanas es el respeto que el Estado le brinda a los internos de cada uno de estos centros, lo que permite reducir la violencia en estas cárceles.“Si hacemos un pequeño ejercicio como el de dividir la población penal venezolana cercana a los 23 mil internos en las 30 cárceles nacionales, podemos establecer que la población de cada una de ellas no superaría los 730 internos, más aún si a estas cifras le sumamos que en los últimos 10 años han fallecido 3.664 reclusos en las cárceles venezolanas, nos permite inferir que anualmente en los centros penitenciarios del país mueren 366 internos”, aseveró.Prado reveló que estos números permiten establecer que en los últimos años el Estado venezolano se ha mostrado negligente para el control de las cárceles lo que ha desencadenado el exterminio de al menos la población total de 5 penales, lo que contrasta con la política de humanización que adelanta el Ejecutivo Nacional. “Cuando uno lee la Ley de Régimen Penitenciario y el Reglamento de Internos Judiciales, señalan que el fin de la pena es la reinserción de las personas privadas de libertad, no es la tortura, no es la muerte, no es la contaminación, ni el exterminio, elementos que predominan en nuestras cárceles”, acotó. Revisión Para el coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, este tipos de acciones obliga a una revisión exhaustiva del sistema penitenciario venezolano, en la cual se incluya la descentralización de las cárceles.“La Constitución venezolana en su artículo 272 establece expresamente que las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales y municipales, lo que a nuestro punto de vista favorece el mejoramiento de estos planteles, ya que incorpora el aparataje del Estado en función de mejorar la calidad de vida de los internos, ya que en la actualidad carece de agua potable, un sistema de salud digno que permita elevar su calidad de vida”, afirmó.En tal sentido, Prado instó al gobernador de la región, Francisco Rangel Gómez, a iniciar una cruzada en esta materia con el fin de que la población de internos del estado Bolívar, unas mil personas, pueda desarrollar en sus diferentes centros de reclusión actividades de producción.“Si este estado es rico en materia de recursos minerales y agrícolas, puede existir un acuerdo entre la Gobernación, la dirección de los penales y las empresas básicas para que la población penal pueda sembrar la tierra, realicen los guantes, batas u otros implementos necesarios en las líneas de producción, entre otras actividades que permitan su reinserción productiva”, acotó. Decesos de penados por países *Venezuela: Población de 23 mil reclusos, de la cual 422 perdieron la vida producto de la violencia que se registra en las cárceles. *Brasil: 450 mil reos, 59 de los cuales perdieron la vida en las cárceles.*México: Mantiene una población de 250 mil internos, de los cuales sólo 24 perdieron la vida en los centros de reclusión.*Argentina: 62 mil reclusos y sólo 10 perdieron la vida en las cárceles. *Colombia: Población de 72 mil reclusos y se registraron tan sólo 7 fallecimientos.Escrito por Cruz Cedeño - Foto: Alberto San Martín/Bladimir Martínezviernes, 19 de junio de 2009A juicio del defensor de los derechos humanos, en los últimos 10 años han fallecido 3.664 internos en la cárceles venezolanas, lo cual permite inferir que anualmente en los centros penitenciarios del país mueren 366 reclusos, cifra que supera a países con mayor población penal “La población reclusa venezolana se encuentra por el orden de los 23 mil internos, de los cuales sólo el 35% ya tiene sentencia definitivamente firme, lo que quiere decir que en el proceso penal se ha vulnerado el debido proceso”; así lo informó el coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Para el defensor de los derechos humanos, esta situación responde a los constantes atrasos que se dan desde el mismo momento de la presentación del imputado ante los Tribunales de Control, elemento que se extiende a la audiencia preliminar y la etapa de juicio, a través de los diferimientos y otros retardos procesales imputables sólo a los administradores de justicia.Aunado a estos elementos Prado denunció que desde el seno de la Asamblea Nacional se ha modificado el Código Orgánico Procesal Penal en cuatro oportunidades, sin que hasta ahora estas modificaciones repercutan de manera progresiva en los derechos humanos de los internos venezolanos. Retorno al pasado “Nuestra Constitución contempla que todos somos iguales ante la ley, que no puede existir la discriminación, estableciendo para ello el derecho de progresividad; sin embargo, nuestros legisladores han hecho lo contrario con el COPP, puesto que los cambios impulsados son completamente retrógrados, no es posible que cuando se reformuló el artículo 254, que establecía que la persona no podía durar más de dos años detenida para que se le dicte medida cautelar y el juicio se haga en libertad, en la reciente reforma fue modificado otorgándole la libertad al Ministerio Público para que la persona siga privada de su libertad, mientras se investiga y se buscan elementos que permitan la culminación de los actos conclusivos”, precisó. Para el defensor de los derechos humanos de los internos este tipo de acciones vulneran el debido proceso, retornando el actual sistema de justicia al viejo esquema del Código de Enjuiciamiento Criminal.“Antes de entrar en vigencia el COPP la población penal venezolana se ubicaba en 28 internos, cifra que descendió a sólo 12 mil internos tras su aplicación; sin embargo el número de reclusos en las cárceles venezolanas se ha incrementado de manera sustancial en los últimos 10 años, llegando a contar en la actualidad con más de 23 mil internos”, aseguró.A juicio de Prado, este tipo de acciones evidencian el atraso que se viene registrando en el sistema de justicia venezolano, elemento que sólo es imputable a los operadores de justicia. Sin beneficios Para el defensor de los derechos humanos el descaro de algunos operadores de justicia llega al punto de afirmar que el interno se esconde para no asistir al tribunal, situación que no se corresponde a la realidad ya que cuando un juez envía una boleta de traslado de un interno, ésta le llega directamente al director del penal, el cual es el encargado de hacer cumplir esta disposición. “Cuando una persona está presa queda en manos de la justicia, la cual debe ser garante de su derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al deporte, a la recreación, entre otros, que le permitan tras el fin de la pena la reinserción en la sociedad, elementos que no se cumplen en el país”, acotó. En las cárceles venezolanas no existe la clasificación de los internos por delitos, allí prevalece la clasificación parroquial de los internos, elementos que no facilitan la reinserción de los internos y fortalece la conformación de grupos en las cárceles.“En las cárceles venezolanas no existen equipos multidisciplinarios que permitan realizar evaluaciones periódicas a los internos con el fin de establecer su progresividad y evolución para su reinserción” afirmó. Cifras rojas El coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, señaló que en el año 2006 perecieron 412 internos en las cárceles venezolanas, cifra que se incrementó en el año 2007 a 498 reos y en el año 2008 en 422 internos. “Estas cifras de internos muertos no se ven ni en la región andina, ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en México, ni Brasil, cuya población penal en algunos casos triplica la venezolana”, puntualizó.A juicio de Prado, la única diferencia que existe entre estos regímenes penitenciarios y el sistema de cárceles venezolanas es el respeto que el Estado le brinda a los internos de cada uno de estos centros, lo que permite reducir la violencia en estas cárceles.“Si hacemos un pequeño ejercicio como el de dividir la población penal venezolana cercana a los 23 mil internos en las 30 cárceles nacionales, podemos establecer que la población de cada una de ellas no superaría los 730 internos, más aún si a estas cifras le sumamos que en los últimos 10 años han fallecido 3.664 reclusos en las cárceles venezolanas, nos permite inferir que anualmente en los centros penitenciarios del país mueren 366 internos”, aseveró.Prado reveló que estos números permiten establecer que en los últimos años el Estado venezolano se ha mostrado negligente para el control de las cárceles lo que ha desencadenado el exterminio de al menos la población total de 5 penales, lo que contrasta con la política de humanización que adelanta el Ejecutivo Nacional. “Cuando uno lee la Ley de Régimen Penitenciario y el Reglamento de Internos Judiciales, señalan que el fin de la pena es la reinserción de las personas privadas de libertad, no es la tortura, no es la muerte, no es la contaminación, ni el exterminio, elementos que predominan en nuestras cárceles”, acotó. Revisión Para el coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, este tipos de acciones obliga a una revisión exhaustiva del sistema penitenciario venezolano, en la cual se incluya la descentralización de las cárceles.“La Constitución venezolana en su artículo 272 establece expresamente que las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales y municipales, lo que a nuestro punto de vista favorece el mejoramiento de estos planteles, ya que incorpora el aparataje del Estado en función de mejorar la calidad de vida de los internos, ya que en la actualidad carece de agua potable, un sistema de salud digno que permita elevar su calidad de vida”, afirmó.En tal sentido, Prado instó al gobernador de la región, Francisco Rangel Gómez, a iniciar una cruzada en esta materia con el fin de que la población de internos del estado Bolívar, unas mil personas, pueda desarrollar en sus diferentes centros de reclusión actividades de producción.“Si este estado es rico en materia de recursos minerales y agrícolas, puede existir un acuerdo entre la Gobernación, la dirección de los penales y las empresas básicas para que la población penal pueda sembrar la tierra, realicen los guantes, batas u otros implementos necesarios en las líneas de producción, entre otras actividades que permitan su reinserción productiva”, acotó. Decesos de penados por países *Venezuela: Población de 23 mil reclusos, de la cual 422 perdieron la vida producto de la violencia que se registra en las cárceles. *Brasil: 450 mil reos, 59 de los cuales perdieron la vida en las cárceles.*México: Mantiene una población de 250 mil internos, de los cuales sólo 24 perdieron la vida en los centros de reclusión.*Argentina: 62 mil reclusos y sólo 10 perdieron la vida en las cárceles. *Colombia: Población de 72 mil reclusos y se registraron tan sólo 7 fallecimientos.

HENRIQUE CAPRILES DICE QUE LUCHARÁ POR DESCENTRALIZAR SISTEMA PENITENCIARIO

La Prensa de Barinas
(Caracas, Junio 10, Especial, UR).- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, exigió al gobierno cumplir con la Constitución y descentralizar el sistema penitenciario venezolano, a fin de promover la construcción de cárceles más dignas en las que los presos no se corrompan más.
"Nosotros queremos que se cumpla el artículo 272 de la Constitución Nacional que establece que los centros penitenciarios se regirán por una administración descentralizada. Que el gobernante tenga la oportunidad de supervisar el funcionamiento de la cárcel, si esto se cumple, podremos hacer mejoras importantes. En Miranda vamos a dar la pelea por la descentralización del sistema penitenciario", dijo.
Durante el seminario "Descentralización Penitenciaria" realizado este miércoles, Capriles Radonski criticó el estado de abandono en el que se encuentran los centros penitenciarios venezolanos, y aseguró que los problemas existentes en las cárceles de nuestro país se le han escapado de las manos al Gobierno Nacional.
Dijo que el presidente Chávez estuvo preso en Yare, y hoy esta cárcel es uno de los penales más violentos. "Los que dirigen el país estuvieron presos y no hacen nada por las cárceles. Yo también estuve preso, y cuando uno entra a esas cárceles cambia totalmente la perspectiva, en comparación con alguien que nunca ha estado allí; uno se da cuenta de lo que significa el retraso procesal y el problema de los traslados a los tribunales", precisó.
Agregó que la situación de los centros de reclusión en Venezuela es el ejemplo más auténtico de la violación de los derechos humanos. "Las cárceles del país son depósitos de personas para prácticamente cumplir una condena de muerte. Las cárceles deben servir no para castigar al delincuente y dejarlo encerrado de por vida, sino para ayudar a convertirlos en ciudadanos de bien, enseñarles el valor de las cosas y llenarlos de buenas costumbres", dijo.
El Gobernador recalcó que Miranda no sólo es el estado con mayor número de cárceles en toda Venezuela; sino que además tiene la zona de mayor violencia de toda América Latina, como lo es el eje de los Valles del Tuy. "En esta región de Miranda la cifra de homicidios casi cuadruplica la cifra promedio por cada 100 mil habitantes de toda América Latina", puntualizó.
Señaló que hay que mantener la esperanza en que los centros penitenciarios tengan un cambio favorable para que se respeten los derechos humanos. "Algunos creen en la pena de muerte, yo no creo en la pena de muerte; yo creo que sólo Dios da la vida y Dios quita la vida", reflexionó.
En la gráfica de Notimail, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.

Piden descentralizar prisiones del país para aumentar su eficiencia

Ocarina EspinozaEL UNIVERSAL
CARACAS, miércoles 10 de junio, 2009
12:59 PM Caracas.- El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, pidió al gobierno nacional trabajar por la descentralización de las cárceles en el país como una manera más efectiva de mejorar el sistema carcelario nacional. "Las cárceles deben estar en manos de los gobiernos regionales no sólo por una pretensión para cambiar el sistema sino porque el artículo 272 de la Constitución establece que se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales", explicó Prado. Las declaraciones las dio durante la inauguración en el estado Miranda de un Seminario para presentar un manual de cómo llevar a cabo el proceso de descentralización de las prisiones. Según su criterio los gobernadores son la figura indicada para este manejo descentralizado de las prisiones toda vez que tienen mayor cercanía con el problema. "Es un procedimiento sencillo, lo que hemos estudiado es que muy difícil que 20 gobernadores fracasen en materia carcelaria, además el gobernador está al lado del problema", dijo. No cree que la respuesta sea la construcción de más cárceles en el país sino "poner orden" en las ya existentes y una manera clave, según insistió Prado, es descentralizando sus administraciones. En Miranda, ejemplificó Prado, existen 6 cárceles que están en manos del Ministerio de Interior y Justicia, otra que es el centro de procesados militares que se conoce como Ramo Verde y un centro de menores y adolescentes, más 2 que van a ser inauguradas. "Sería un total de 10 cárceles para una población reclusa de 5 mil internos, lo que quiere decir que Miranda es un estado carcelero y lamentablemente existen unos establecimientos que le falta la debida atención entre ellos respeto a la dignidad y el derecho al debido proceso, factores que pueden ser superados con la descentralización".

Trasladados a infectología tres reos del Internado Judicial

En horas de la mañana del día de ayer fueron trasladados hasta la sala de infectología del Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar los tres reos del Internado Judicial de Monagas, que presuntamente están infectados con el virus HIV.

Estos fueron trasladados por efectivos de la Guardia Nacional para un chequeo ya que los presos están a punto de ir a una huelga de sangre porque según comentaron los propios internos, estos tres reclusos no estaban recibiendo ninguna atención médica.

Igualmente se encuentran alrededor de 45 reos que presentan hepatitis B y dos que están presentando tuberculosis.

Última hora

A última hora se pudo conocer que los presos del Internado Judicial de Monagas declararon como persona no grata a la defensora del Pueblo Elinor Morales ya que no han recibido ninguna ayuda de parte de ella, en los casos que se están suscitando en este internado.

La población penal hace un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y así evitar un problema.

Humberto Prado: En Venezuela se ha perdido el respeto por los internos


(Nota tomada de Nueva Prensa de Guayana 19-06-2009) A juicio del defensor de los derechos humanos, en los últimos 10 años han fallecido 3.664 internos en la cárceles venezolanas, lo cual permite inferir que anualmente en los centros penitenciarios del país mueren 366 reclusos, cifra que supera a países con mayor población penal.


“La población reclusa venezolana se encuentra por el orden de los 23 mil internos, de los cuales sólo el 35% ya tiene sentencia definitivamente firme, lo que quiere decir que en el proceso penal se ha vulnerado el debido proceso”; así lo informó el coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.


Para el defensor de los derechos humanos, esta situación responde a los constantes atrasos que se dan desde el mismo momento de la presentación del imputado ante los Tribunales de Control, elemento que se extiende a la audiencia preliminar y la etapa de juicio, a través de los diferimientos y otros retardos procesales imputables sólo a los administradores de justicia.


Aunado a estos elementos Prado denunció que desde el seno de la Asamblea Nacional se ha modificado el Código Orgánico Procesal Penal en cuatro oportunidades, sin que hasta ahora estas modificaciones repercutan de manera progresiva en los derechos humanos de los internos venezolanos.

Retorno al pasado

“Nuestra Constitución contempla que todos somos iguales ante la ley, que no puede existir la discriminación, estableciendo para ello el derecho de progresividad; sin embargo, nuestros legisladores han hecho lo contrario con el COPP, puesto que los cambios impulsados son completamente retrógrados, no es posible que cuando se reformuló el artículo 254, que establecía que la persona no podía durar más de dos años detenida para que se le dicte medida cautelar y el juicio se haga en libertad, en la reciente reforma fue modificado otorgándole la libertad al Ministerio Público para que la persona siga privada de su libertad, mientras se investiga y se buscan elementos que permitan la culminación de los actos conclusivos”, precisó.


Para el defensor de los derechos humanos de los internos este tipo de acciones vulneran el debido proceso, retornando el actual sistema de justicia al viejo esquema del Código de Enjuiciamiento Criminal.


“Antes de entrar en vigencia el COPP la población penal venezolana se ubicaba en 28 internos, cifra que descendió a sólo 12 mil internos tras su aplicación; sin embargo el número de reclusos en las cárceles venezolanas se ha incrementado de manera sustancial en los últimos 10 años, llegando a contar en la actualidad con más de 23 mil internos”, aseguró.


A juicio de Prado, este tipo de acciones evidencian el atraso que se viene registrando en el sistema de justicia venezolano, elemento que sólo es imputable a los operadores de justicia.

Sin beneficios

Para el defensor de los derechos humanos el descaro de algunos operadores de justicia llega al punto de afirmar que el interno se esconde para no asistir al tribunal, situación que no se corresponde a la realidad ya que cuando un juez envía una boleta de traslado de un interno, ésta le llega directamente al director del penal, el cual es el encargado de hacer cumplir esta disposición.


“Cuando una persona está presa queda en manos de la justicia, la cual debe ser garante de su derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al deporte, a la recreación, entre otros, que le permitan tras el fin de la pena la reinserción en la sociedad, elementos que no se cumplen en el país”, acotó.


En las cárceles venezolanas no existe la clasificación de los internos por delitos, allí prevalece la clasificación parroquial de los internos, elementos que no facilitan la reinserción de los internos y fortalece la conformación de grupos en las cárceles.


“En las cárceles venezolanas no existen equipos multidisciplinarios que permitan realizar evaluaciones periódicas a los internos con el fin de establecer su progresividad y evolución para su reinserción” afirmó.

Cifras rojas

El coordinador general de la Organización No Gubernamental ObservatorioVenezolano de P risiones, señaló que en el año 2006 perecieron 412 internos en las cárceles venezolanas, cifra que se incrementó en el año 2007 a 498 reos y en el año 2008 en 422 internos. “Estas cifras de internos muertos no se ven ni en la región andina, ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en México, ni Brasil, cuya población penal en algunos casos triplica la venezolana”, puntualizó.


A juicio de Prado, la única diferencia que existe entre estos regímenes penitenciarios y el sistema de cárceles venezolanas es el respeto que el Estado le brinda a los internos de cada uno de estos centros, lo que permite reducir la violencia en estas cárceles.


“Si hacemos un pequeño ejercicio como el de dividir la población penal venezolana cercana a los 23 mil internos en las 30 cárceles nacionales, podemos establecer que la población de cada una de ellas no superaría los 730 internos, más aún si a estas cifras le sumamos que en los últimos 10 años han fallecido 3.664 reclusos en las cárceles venezolanas, nos permite inferir que anualmente en los centros penitenciarios del país mueren 366 internos”, aseveró.


Prado reveló que estos números permiten establecer que en los últimos años el Estado venezolano se ha mostrado negligente para el control de las cárceles lo que ha desencadenado el exterminio de al menos la población total de 5 penales, lo que contrasta con la política de humanización que adelanta el Ejecutivo Nacional.


“Cuando uno lee la Ley de Régimen Penitenciario y el Reglamento de Internos Judiciales, señalan que el fin de la pena es la reinserción de las personas privadas de libertad, no es la tortura, no es la muerte, no es la contaminación, ni el exterminio, elementos que predominan en nuestras cárceles”, acotó.

Revisión

Para el coordinador general de la Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, este tipos de acciones obliga a una revisión exhaustiva del sistema penitenciario venezolano, en la cual se incluya la descentralización de las cárceles.


“La Constitución venezolana en su artículo 272 establece expresamente que las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales y municipales, lo que a nuestro punto de vista favorece el mejoramiento de estos planteles, ya que incorpora el aparataje del Estado en función de mejorar la calidad de vida de los internos, ya que en la actualidad carece de agua potable, un sistema de salud digno que permita elevar su calidad de vida”, afirmó.


En tal sentido, Prado instó al gobernador de la región, Francisco Rangel Gómez, a iniciar una cruzada en esta materia con el fin de que la población de internos del estado Bolívar, unas mil personas, pueda desarrollar en sus diferentes centros de reclusión actividades de producción.


“Si este estado es rico en materia de recursos minerales y agrícolas, puede existir un acuerdo entre la Gobernación, la dirección de los penales y las empresas básicas para que la población penal pueda sembrar la tierra, realicen los guantes, batas u otros implementos necesarios en las líneas de producción, entre otras actividades que permitan su reinserción productiva”, acotó.

Decesos de penados por países

*Venezuela: Población de 23 mil reclusos, de la cual 422 perdieron la vida producto de la violencia que se registra en las cárceles.
*Brasil: 450 mil reos, 59 de los cuales perdieron la vida en las cárceles.
*México: Mantiene una población de 250 mil internos, de los cuales sólo 24 perdieron la vida en los centros de reclusión.
*Argentina: 62 mil reclusos y sólo 10 perdieron la vida en las cárceles. *Colombia: Población de 72 mil reclusos y se registraron tan sólo 7 fallecimientos.